Para los inversionistas internacionales, las elecciones plantean interrogantes acerca del desempeño de los índices bursátiles y el contenido de la agenda económica del próximo cuatrienio. Si pudiesen pedir un deseo al nuevo cuerpo legislativo, sin duda sería que les ahorrasen las angustias que surgen cuando la deuda federal llega a su límite autorizado y requiere una extensión.
Ya comienzan a calentarse los motores para ejecutar las acciones que finalmente desembocarán en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. No solo se elegirán los próximos presidente y vicepresidente de Estados Unidos, sino también los 435 diputados y 34 de los cien senadores.
Para los inversionistas internacionales estas elecciones plantean una serie de interrogantes, que abarcan desde el desempeño de los índices bursátiles en los años electorales hasta el contenido de la agenda económica del próximo cuatrienio, de acuerdo a quienes resulten triunfadores en la contienda. Como es de esperarse, la agenda económica estadounidense a partir de 2025 dependerá de quién gane las elecciones y la correlación de fuerzas en las cámaras del Congreso.
Un punto que ocupa el primer puesto en la agenda legislativa 2025 es la Ley de empleos y reducción de impuestos de 2017 (TCJA, por su sigla en inglés), que expirará el próximo año y que, de no renovarse, implicará un aumento considerable del pago de impuestos. Esta ley fue aprobada por el gobierno de Trump, y su renovación forma parte de su paquete de promesas electorales.
Si los republicanos ganan la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, el Senado podría utilizar el llamado proceso de reconciliación presupuestaria para acelerar la renovación de esta ley. Solo requiere una mayoría simple de votos, no los tradicionales sesenta votos, como fue el caso con la aprobación original de la ley en 2017. Los demócratas han utilizado el proceso de reconciliación para aprobar la Ley de atención médica asequible, durante el gobierno de Obama, y la Ley para la reducción de la inflación (IRA, por su sigla en inglés), durante el gobierno de Biden.
La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO, por su sigla en inglés) calcula que la extensión de la TCJA hasta el año 2034 costaría más de cuatro billones de dólares, cantidad que excede en un cincuenta por ciento el costo estimado de la aplicación de esta ley en 2018. Detrás de una ley de reducción de impuestos siempre está este argumento: el dinero que permanece en manos de las empresas y las personas naturales se reinvertirá, en buena medida, para crear riqueza, empleo y más ingreso gravable. Curiosamente no hay mayores pruebas de que la TCJA de 2017 haya cumplido tales ofertas.
La CBO proyecta que, si a la extensión de esta ley no la acompaña una reducción del gasto del gobierno federal, el endeudamiento federal requerido para cumplir todos los compromisos sería equivalente al 211 por ciento del producto interno bruto para 2054. De más está decir que una enorme proporción de los ingresos se destinaría al servicio de la deuda, en detrimento de otros gastos que no son de obligatorio cumplimiento, como las ayudas a grupos en situación vulnerable.
Los recortes impositivos vigentes que benefician a las personas naturales tienen mucho chance de mantenerse en el futuro próximo, independientemente de quién controle las cámaras legislativas. Los legisladores no quieren que su gestión y eventual reelección se vean empañadas por lo que los electores perciben como una reducción de sus ingresos.
¿Qué sucedería en un escenario en el que ninguno de los partidos mayoritarios controle ambas cámaras? Pues ni la TCJA ni algunos beneficios de la IRA se extenderían: se volvería a una política fiscal mucho más restrictiva.
No solo el tema impositivo ocupa a los inversionistas, también lo hace el posible desempeño de los mercados financieros. Hasta comienzos de junio, tanto las acciones como los bonos han mostrado una tendencia alcista. En la semana que terminó el 15 de junio el S&P 500 alcanzó un nuevo récord histórico. Por su parte, el rendimiento del treasury a diez años ha caído de cinco por ciento en noviembre de 2023 a 4,30 por ciento a mediados de junio, lo que apuntala el precio de estos papeles, que se mueven en sentido inverso al de las tasas de interés.
Históricamente, en el par de meses previos a las convenciones de los partidos Demócrata y Republicano, el precio de las acciones ha tendido a mostrar algún grado de turbulencia, que se disipa luego de que ocurren estas convenciones. En esta ocasión, la Convención Nacional Republicana será del 15 al 18 de julio; y la Demócrata, del 19 al 22 de agosto. Si la historia se repite, habrá todavía dos buenos meses de volatilidad.
Pasadas las convenciones de los partidos dominantes de la política estadounidense, la tendencia alcista tiende a mantenerse hasta fin de año. De nuevo, esta es una oportunidad para ver cuán robustos son los patrones de precios históricos.
Si los inversionistas internacionales pudiesen pedir un deseo al nuevo cuerpo legislativo, sin duda alguna sería que les ahorrasen las angustias que surgen cuando la deuda federal llega a su límite autorizado y requiere una extensión. Los regateos que ocurren en ese momento imprimen al sistema financiero costos de cobertura contra insolvencias que, aunque improbables, requieren seguros para protegerse de ellos, al menos en el caso de los inversionistas institucionales.
Se acercan las elecciones estadounidenses y los electores deben tratar de recoger el espíritu de los padres fundadores de la nación del norte. En particular Alexander Hamilton, fundador del sistema financiero estadounidense y primer secretario del Tesoro, que siempre insistió en que la buena calificación crediticia de una nación es su mayor blasón. Suerte a los electores y mucho juicio.
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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